El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha logrado un consenso crucial que pone fin a la disputa interna que amenazaba el proceso democrático del país. Los consejeros, tras alcanzar acuerdos técnicos unánimes, han modificado el pliego de condiciones del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), garantizando la continuidad y transparencia de las próximas elecciones. Este acuerdo no solo soluciona las diferencias en el órgano rector, sino que también establece un proceso más robusto para la transmisión de resultados, lo que ha sido visto con buenos ojos por representantes de los principales partidos políticos del país.
El punto central de la disputa interna radicaba en la propuesta de incluir una “intromisión humana” en la doble verificación de las actas de transmisión. Esta medida generaba preocupaciones sobre la objetividad y la rapidez del proceso. Como resultado del acuerdo, se ha establecido que el nuevo sistema del TREP operará de manera directa, similar al implementado en el año 2021. Esto permitirá a los partidos políticos y al público en general ver en tiempo real las actas que se van recibiendo y tener las primeras proyecciones la misma noche de las elecciones, programadas para el 30 de noviembre.
Una de las principales innovaciones del nuevo pliego de condiciones es la incorporación de un exhaustivo proceso de verificación visual posterior a la jornada electoral. A partir del día siguiente de las elecciones, se llevará a cabo una revisión de alta trazabilidad, con un etiquetado del 100% de las actas. Este proceso tiene como objetivo validar la correspondencia entre los resultados escritos a mano en la imagen del acta y los datos que han sido transcritos en el sistema. Además, se realizarán pruebas de funcionalidad de las validaciones automáticas integradas en el sistema para asegurar su correcto funcionamiento. Este mecanismo responde directamente a las demandas de verificación y trazabilidad que eran una de las principales preocupaciones de los actores políticos.
El consenso logrado fue celebrado por el candidato a la presidencia del Partido Nacional, quien felicitó a los consejeros por los ajustes realizados al pliego de condiciones del TREP. Según él, estos cambios resultarán en un proceso electoral más sólido y transparente que el que se había propuesto inicialmente. El candidato también aprovechó la oportunidad para enfatizar la importancia de que el Partido Nacional trabaje de cerca con la población para ganarse su confianza y ser una opción viable en las urnas. Señaló que el contacto directo con la gente en cada rincón del país, escuchando sus preocupaciones, es mucho más efectivo que los debates públicos para resolver los problemas.
Por otro lado, el actual candidato a la presidencia del Partido Liberal, quien en un principio había manifestado su rechazo a los cambios propuestos, ahora acepta el acuerdo. Su postura inicial era que solo aceptarían las modificaciones si se garantizaba la verificación de las actas inconsistentes, tal como lo exige la ley. Sin embargo, se informó que el acuerdo se logró entre los consejeros para poder garantizar la celebración de las elecciones. También se mencionó que el Partido Libre había presionado a los consejeros, y que incluso algunos de ellos fueron citados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), un hecho que fue calificado como sin precedentes en la historia de los países democráticos.
Con este acuerdo, se ha restablecido el calendario electoral. La nueva fecha para la recepción y apertura de ofertas es el 14 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del CNE en el barrio San Felipe de Tegucigalpa. No obstante, este nuevo cronograma presenta un desafío legal, ya que por ley, la adjudicación del TREP debe realizarse cuatro meses antes de las elecciones generales. Esto implica que el Congreso Nacional deberá aplazar el límite de tiempo para la adjudicación, lo que, según la información proporcionada, podría generar responsabilidades jurídicas para los consejeros al tener un plazo vencido. El consenso alcanzado, aunque resuelve el conflicto interno, ahora sitúa al Congreso Nacional y al propio CNE ante la necesidad de actuar con celeridad para evitar nuevos obstáculos en el camino hacia las elecciones.
